Desde hace años se asume, no sin ciertos temores, la necesidad de incrementar el grado de digitalización y de incorporación de la robótica e inteligencia artificial a la actividad económica, en particular, en las economías desarrolladas. Sin duda, la pandemia de la COVID-19 ha priorizado y acelerado este proceso. Por lo tanto, la digitalización y la automatización de las empresas que configuran el tejido productivo español se presenta no sólo como una oportunidad, sino también como una necesidad para su crecimiento y desarrollo. Para ello es imprescindible analizar el grado potencial de digitalización y de automatización de la actividad económica española y los cambios que hay que incorporar a la misma, así como estudiar los factores que puedan facilitarla.  En todo ello, el Sector Público debe desempeñar un importante papel por partida doble. Por una parte, mediante el diseño de actuaciones y políticas de diversa índole que estimulen a las empresas a trabajar en su digitalización y automatización. Existen ya experiencias que se pueden analizar.  Por otra parte, el propio Sector Público tiene que hacer un esfuerzo por digitalizarse. Si bien es cierto que ya se han producido muchos avances en este campo, queda todavía mucho por hacer. Aprender de la experiencia de lo ocurrido en otros países en este ámbito es también objeto de interés.

Tienen cabida, entre otros, estudios que analicen:

• El grado de digitalización y automatización de la estructura económica española, y su comparación con los países de la Unión Europea y de la OCDE.
• La capacidad potencial de digitalización y automatización de la estructura productiva española
• El impacto en el mercado de trabajo de dichos procesos de digitalización y automatización.
• El impacto en los niveles de bienestar social, de desigualdad y de eficiencia de los procesos de digitalización y automatización.
• La eficacia y eficiencia de las políticas públicas enfocadas a incrementar el grado de digitalización y automatización.
• Grado digitalización del Sector Público español y su comparación con los pertenecientes a los países de la UE y de la OCDE.